México está en el primer sitio a escala internacional en el número de casos de acoso escolar (“bullying”) en nivel secundaria, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacó un estudio legislativo.
Un documento elaborado por la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados destacó que sólo Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal, cuentan con una ley específica para evitar la violencia escolar.
En las entidades donde no se ha legislado el tema, las leyes en materia educativa plasman de manera general el compromiso de otorgar una educación libre de violencia y fomentar la cultura de la paz.
El estudio denominado “El bullying o acoso escolar” refiere que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero.
En tanto que en el nivel de secundaria ese porcentaje alcanza a poco más de siete por ciento, mientras que el porcentaje de estudiantes de sexto grado de primaria que declaran haber sido víctimas de robo en su escuela es de 40.24 por ciento.
Los porcentajes de escolares que han sido insultados o amenazados en centros educativos asciende a 25.35 por ciento; el de golpeados, 16.72 por ciento, y de quienes han vivido algún episodio de violencia, 44.47 por ciento.
Precisó que la edad más frecuente en la que se presentan actitudes violentas de los niños, según las estadísticas, es entre los siete y 14 años; “hay conductas que aparecen en niños más pequeños, pero son difíciles de medir por falta de métodos específicos”, advirtió.
En el texto se resaltan declaraciones del titular de la Dirección General de Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República (PGR), Francisco Castillo Alemán, quien mencionó que uno de cada seis jóvenes víctimas de “bullying” se suicida.
El funcionario de la PGR también destacó que la violencia de ese tipo la ejercen 8.8 por ciento de los niños en escuelas primarias y 5.6 por ciento en secundarias.
Detalló que el acoso escolar se presenta tanto en escuelas públicas como privadas de educación básica y su práctica puede incidir en un bajo rendimiento académico, reprobación e incluso deserción, además de que este comportamiento se expande.
Los legisladores federales han presentado diversas iniciativas para combatir dicho fenómeno social, “que cada vez se hace más latente, sobre todo en las escuelas del nivel de educación básica y media superior”.
Con dichas propuestas se pretende incorporar la figura de “cultura de la paz”, así como otorgar a las autoridades educativas federal y locales la atribución concurrente para promover la creación de mecanismos de prevención, detección y atención de casos de violencia y abuso escolar en cualquiera de sus manifestaciones.
Otro objetivo es facultar a educadores y autoridades escolares para que den a conocer los casos que identifiquen sobre violencia y abuso, e incorporar los términos “respeto” y “armonía” que engloban actitudes de consideración y tolerancia como la ausencia de violencia.
Respecto a las entidades que ya regulan el acoso escolar, mencionó que en el Distrito Federal la ley promueve la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, mientras que las de Nayarit y Puebla regulan la seguridad integral escolar.
En el caso de Tamaulipas sólo señala de manera general a la seguridad escolar y en Veracruz se expide una legislación contra el acoso escolar.
La investigadora Claudia Gamboa Montejano argumentó que en éstas hay coincidencias, como señalar a las autoridades que son responsables de conocer sobre los casos de “bullying” que se presenten en el centro escolar.
En tres de estas leyes se precisan los sujetos que deben intervenir en el acoso escolar para considerarse como tal: la persona generadora del maltrato escolar o autor, la receptora o víctima, el receptor indirecto y el cómplice.
Un documento elaborado por la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados destacó que sólo Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal, cuentan con una ley específica para evitar la violencia escolar.
En las entidades donde no se ha legislado el tema, las leyes en materia educativa plasman de manera general el compromiso de otorgar una educación libre de violencia y fomentar la cultura de la paz.
El estudio denominado “El bullying o acoso escolar” refiere que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero.
En tanto que en el nivel de secundaria ese porcentaje alcanza a poco más de siete por ciento, mientras que el porcentaje de estudiantes de sexto grado de primaria que declaran haber sido víctimas de robo en su escuela es de 40.24 por ciento.
Los porcentajes de escolares que han sido insultados o amenazados en centros educativos asciende a 25.35 por ciento; el de golpeados, 16.72 por ciento, y de quienes han vivido algún episodio de violencia, 44.47 por ciento.
Precisó que la edad más frecuente en la que se presentan actitudes violentas de los niños, según las estadísticas, es entre los siete y 14 años; “hay conductas que aparecen en niños más pequeños, pero son difíciles de medir por falta de métodos específicos”, advirtió.
En el texto se resaltan declaraciones del titular de la Dirección General de Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República (PGR), Francisco Castillo Alemán, quien mencionó que uno de cada seis jóvenes víctimas de “bullying” se suicida.
El funcionario de la PGR también destacó que la violencia de ese tipo la ejercen 8.8 por ciento de los niños en escuelas primarias y 5.6 por ciento en secundarias.
Detalló que el acoso escolar se presenta tanto en escuelas públicas como privadas de educación básica y su práctica puede incidir en un bajo rendimiento académico, reprobación e incluso deserción, además de que este comportamiento se expande.
Los legisladores federales han presentado diversas iniciativas para combatir dicho fenómeno social, “que cada vez se hace más latente, sobre todo en las escuelas del nivel de educación básica y media superior”.
Con dichas propuestas se pretende incorporar la figura de “cultura de la paz”, así como otorgar a las autoridades educativas federal y locales la atribución concurrente para promover la creación de mecanismos de prevención, detección y atención de casos de violencia y abuso escolar en cualquiera de sus manifestaciones.
Otro objetivo es facultar a educadores y autoridades escolares para que den a conocer los casos que identifiquen sobre violencia y abuso, e incorporar los términos “respeto” y “armonía” que engloban actitudes de consideración y tolerancia como la ausencia de violencia.
Respecto a las entidades que ya regulan el acoso escolar, mencionó que en el Distrito Federal la ley promueve la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, mientras que las de Nayarit y Puebla regulan la seguridad integral escolar.
En el caso de Tamaulipas sólo señala de manera general a la seguridad escolar y en Veracruz se expide una legislación contra el acoso escolar.
La investigadora Claudia Gamboa Montejano argumentó que en éstas hay coincidencias, como señalar a las autoridades que son responsables de conocer sobre los casos de “bullying” que se presenten en el centro escolar.
En tres de estas leyes se precisan los sujetos que deben intervenir en el acoso escolar para considerarse como tal: la persona generadora del maltrato escolar o autor, la receptora o víctima, el receptor indirecto y el cómplice.
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